La CNMC modifica dos procedimientos de operación para impulsar la participación de renovables y almacenamiento en el control de tensión

<p>La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una modificación de los procedimientos de operación PO 7.4 y PO 14.4 con el objetivo de incentivar la participación de las instalaciones renovables y de almacenamiento en el servicio de control de tensión del sistema eléctrico.&nbsp;</p>

<p>La resolución introduce una nueva modalidad de prestación básica del servicio basada en el seguimiento de consignas fijas de tensión o de potencia reactiva. Este mecanismo permitirá que instalaciones que no disponen de los sistemas de comunicación necesarios para recibir consignas variables en tiempo real puedan contribuir al control de tensión. La modalidad estará disponible para instalaciones de generación y almacenamiento de al menos 1 MW, tanto conectadas a la red de transporte como a la de distribución, y facilitará la transición desde el actual esquema de regulación mediante factor de potencia hacia sistemas de regulación de tensión más avanzados.</p>

<p>La CNMC también revisa el esquema retributivo para reforzar los incentivos económicos asociados al servicio. Entre las novedades figura el incremento de la remuneración del servicio voluntario de seguimiento de consignas en tiempo real, la creación de una compensación específica para las horas en las que una instalación presta control de tensión sin generar energía activa (mediante el suministro de potencia reactiva) y una retribución ligada a la potencia instalada destinada a cubrir los costes de adaptación tecnológica y los peajes y cargos necesarios para prestar el servicio cuando no existe recurso primario.</p>

<p>Según el regulador, estas medidas pretenden acelerar la habilitación de nuevas instalaciones capaces de proporcionar control dinámico de tensión y aumentar la disponibilidad de recursos que contribuyan a la estabilidad de la red.</p>

<p>Como parte de la reforma, la CNMC exige al operador del sistema, Red Eléctrica, que publique información periódica sobre las necesidades zonales de control de tensión, los recursos actualmente disponibles y previstos y las soluciones más adecuadas para cubrir dichas necesidades, con el objetivo de incrementar la transparencia y facilitar la planificación de nuevas inversiones.</p>

<p>La resolución también aborda el debate sobre la financiación de los costes derivados del servicio de control de tensión y de las restricciones técnicas. Diversos comercializadores habían solicitado que estos costes dejaran de formar parte del coste de adquisición de energía y pasaran a recuperarse mediante un término regulado incluido en peajes y cargos.</p>

<p>La CNMC considera que este modelo aportaría mayor previsibilidad a las comercializadoras, pero advierte de que trasladaría la incertidumbre económica al consumidor final, ya que el precio regulado tendría que revisarse periódicamente para evitar déficits o superávits derivados de la evolución real de la operación del sistema. En consecuencia, los consumidores con contratos a precio fijo perderían parte de la estabilidad que actualmente les proporciona ese tipo de suministro.</p>

<p>Por ello, el organismo considera prioritario continuar reduciendo el coste de las restricciones técnicas antes que modificar su mecanismo de financiación. En este sentido, destaca que la propia reforma pretende reducir la necesidad de recurrir a ciclos combinados para controlar la tensión mediante una mayor participación de instalaciones renovables.</p>

<p>La CNMC anuncia además que continuará la revisión del procedimiento PO 7.4 para mejorar la eficiencia del servicio, analizando cuestiones como el control de tensión en infraestructuras de evacuación compartidas y en los nudos frontera entre las redes de transporte y distribución. Asimismo, estudia, junto con Red Eléctrica y las empresas distribuidoras, un proyecto piloto que permita incorporar una participación más activa de la demanda en la prestación del servicio de control de tensión. Finalmente, el regulador prevé analizar si el actual mecanismo de imputación de los costes de las restricciones técnicas proporciona señales económicas adecuadas a los consumidores.</p>